España acaba de sellar un acuerdo internacional multilateral con EE UU, Francia, Italia, Reino Unido y Austria que resuelve de una vez la amenaza arancelaria estadounidense y la incompatibilidad de los impuestos digitales nacionales con el nuevo marco de tributación global para las multinacionales pactado en el G20 y por 136 países de la OCDE. En concreto, España y el resto de países europeos se comprometen a suprimir sus respectivas tasas Google antes del fin de 2023 a cambio de que la Casa Blanca cese las penalizaciones comerciales que había anunciado en respuesta.
Así anunció este jueves el Gobierno español en un comunicado en el que destaca que los seis países han alcanzado una “solución pragmática” que permite despejar el terreno al acuerdo internacional para que las grandes corporaciones tributen a un tipo mínimo del 15% en todo el planeta y para que su tributación sea repartida entre todos los territorios en los que operan realmente aunque no tengan presencia física.
La valoración española
“El acuerdo alcanzado demuestra la voluntad de España por llegar a consensos internacionales en temas tan importantes como mejorar la fiscalidad internacional para hacerla más justa, pero también es un ejemplo del liderazgo del Gobierno para defender los intereses de nuestro país en el ámbito tributario y comercial”, declaraba en un comunicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
“Además, con este acuerdo España cumple su compromiso de que adaptaría el impuesto digital al consenso internacional en el marco de la OCDE y el G20, que han dado pasos exitosos para implantar el Pilar 1 del programa BEPS que permitirá un mejor reparto de los beneficios de las multinacionales para que tributen allí donde generen sus ganancias”, añadía la ministra.
La amenaza arancelaria
Más allá, Montero sostuvo que “se trata de un acuerdo muy positivo que proporciona seguridad jurídica y certidumbre a nuestro tejido productivo al garantizar que no habrá barreras comerciales a la entrada de productos españoles en el mercado estadounidense”. En este sentido, la titular de Hacienda defendió que “ese riesgo de más aranceles para sectores fundamentales de nuestra economía como la industria textil o del calzado, entre otras, desaparece gracias al trabajo discreto pero eficaz del Gobierno y, también, pone de relieve la buena sintonía existente con la administración [estadounidense del presidente Joe] Biden”.
En concreto, por medio de este nuevo acuerdo multilateral, EE UU garantiza que pondrá fin a las trabas comerciales impuestas contra los países europeos firmantes por la implantación de impuestos digitales nacionales.
En el caso de España, Estados Unidos había anunciado la imposición de recargos del 25% en los aranceles a productos españoles del sector textil, como sombreros y gorros, cinturones y bandoleras, y bolsos; el calzado; la cristalería interior o las gambas y pulpos, si bien la medida estaba sujeta a una moratoria de seis meses que la mantenía suspendida hasta finales de noviembre.
El periodo transitorio
A cambio de su retirada, y del compromiso de que no habrá más episodios de guerra arancelaria en los próximos dos años, los países europeos que han firmado el pacto, incluyendo a España, entran en un periodo transitorio hacia la retirada de sus tributos digitales que arranca el 1 de enero de 2022.
A partir de ahí, el compromiso supone la retirada del impuesto en el momento en que entre en vigor el llamado Pilar 1 del nuevo marco fiscal global (el que establece la redistribución de los tributos entre los territorios donde operan las multinacionales) o, de no hacerlo antes, el 31 de diciembre de 2023 como tarde.
A su vez, a partir de 2024, los países firmantes deberán calcular si la aplicación de sus impuestos digitales durante el periodo transitorio (del 1 de enero del año que viene a finales de 2023, de seguir vigentes los tributos hasta entonces) fue superior al que habría correspondido con el nuevo impuesto global. Aquellas empresas que hayan pagado de más con las tasas digitales recibirán créditos fiscales en compensación por la diferencia.
UNA FIGURA QUE HA INCUMPLIDO SUS OBJETIVOS DE RECAUDACIÓN
El impuesto sobre determinados negocios digitales, conocida popularmente como la tasa Google, es una figura tributaria española de nueva creación que entró en vigor a mediados del mes de enero del presente año. Aunque su puesta en marcha ya fue barajada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha terminado siendo el Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos quien lo ha acabado impulsando bajo la consigna, defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que hay que “adaptar el sistema tributario español a la fiscalidad del siglo XXI”. El impuesto grava al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital y venta de datos de usuarios por parte de compañías que facturen al menos 750 millones de euros a escala internacional y por lo menos tres de ellos en España.
Aunque inicialmente el Ejecutivo había presupuestado una recaudación anual de 968 millones de euros, lo cierto es que en el primer semestre del año la tasa Google tan solo ha arrojado unos ingresos de 92 millones, una quinta parte de lo esperado para ese periodo. De hecho, Hacienda ha corregido a la baja la aportación recaudatoria de esta figura para 2022 en vista de las cifras obtenidas. El Gobierno achaca el fiasco al efecto de la crisis del Covid y a que la norma fue suavizada en su tramitación parlamentaria.
Fuente: El País
